Punta Cana, República Dominicana. – Un incidente ocurrido durante una sesión fotográfica de una boda en Playa Macao ha reavivado el debate sobre el uso compartido de las playas públicas y la necesidad de contar con un marco legal que regule este tipo de actividades en la República Dominicana.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por representantes del sector turístico, el personal que coordinaba la sesión fotográfica explicó de manera cordial a un visitante que se trataba de una actividad temporal y que, en ningún momento, se pretendía restringir el acceso o disfrute de la playa. Se le indicó que Playa Macao continúa siendo un espacio público de libre acceso, donde cualquier persona puede transitar y utilizar la playa con normalidad.
Posteriormente, el visitante manifestó su inconformidad con la situación y el caso fue difundido en redes sociales por el creador de contenido, generando diversas reacciones y reabriendo la discusión sobre la convivencia entre el uso recreativo de las playas y las actividades turísticas que allí se desarrollan.
Representantes de la industria turística consideran que este tipo de controversias puede afectar segmentos estratégicos para el país, como el turismo de bodas y las producciones fotográficas, actividades que generan importantes beneficios económicos para hoteles, organizadores de eventos, fotógrafos, suplidores y numerosas empresas vinculadas al sector.
Especialistas en derecho recordaron que la Constitución de la República Dominicana contempla la creación de una Ley de Costas y Playas que establezca reglas claras para el acceso, uso y aprovechamiento sostenible de estos espacios públicos. Sin embargo, dicha legislación continúa pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, a pesar de que diferentes iniciativas han sido presentadas durante los últimos años.
Diversos sectores coinciden en que el libre acceso a las playas constituye un derecho fundamental que debe preservarse. No obstante, también sostienen que ese derecho debe ejercerse con responsabilidad, respeto mutuo y apego a normas de convivencia que permitan armonizar el disfrute ciudadano con las actividades económicas y turísticas que se desarrollan de forma temporal y sin impedir el acceso del público.
“Los derechos también implican deberes. Todos tenemos el derecho de disfrutar de nuestras playas, pero igualmente la responsabilidad de respetar a quienes realizan actividades autorizadas, proteger el entorno y actuar con consideración hacia los demás”, expresaron representantes del sector.
La controversia ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en una legislación moderna que brinde seguridad jurídica, defina reglas claras para el uso de las playas y garantice un equilibrio entre el derecho de libre acceso de la ciudadanía y el desarrollo ordenado de actividades turísticas que generan inversión, empleo y valor para la economía dominicana.